El gobierno nacional continuará esta semana con una serie de reuniones con gobernadores en la idea de reunir los consensos necesarios para aprobar en febrero la reforma laboral, que sacrificará la recaudación y golpeará los números de la coparticipación federal que reciben las provincias.

El gobernador Sergio Ziliotto fue convocado por el ministro del Interior, Diego Santilli, y el próximo martes se reunirán en la Casa Rosada, informó Página12. Ziliotto es crítico de la reforma laboral y ya plantó su rechazo, al advertir la pérdida que significa para las provincias el artículo 191 del proyecto.

El mandatario señaló que La Pampa perdería 21 mil millones de pesos por año si se aprueba ese punto del artículo, considerando que se recorta casi dos billones de pesos a las provincias de la masa coparticipable del impuesto a las Ganancias que tributan las empresas, en un contexto de asfixia financiera. 

"Es una reforma tributaria encubierta. Baja el pago de Ganancias a las grandes empresas y eso impacta en la recaudación. El gobierno debería decir cómo compensa lo que van a dejar de percibir las provincias porque las empresas van a pagar menos de ganancias", dijo Ziliotto, advirtiendo que por la aprobación del "paquete fiscal" La Pampa perdió $35 mil millones en 2025.

La visita reciente a Nacho Torres en Chubut fue apenas la primera escala de un plan que incluye reuniones cara a cara con unos diez mandatarios provinciales. En los próximos días, el ministro Santilli tiene previsto verse con los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), y luego recibirá en Balcarse 50 a Ziliotto.

Un informe de el senador Jorge Capitanich y el diputado Guillermo Michel (PJ) advirtió que -con cifras oficiales y metodología de la Comisión Federal de Impuestos-, la magnitud real del impacto fiscal que esconden apenas tres artículos del proyecto bajo análisis es alarmante. "Implican una pérdida recaudatoria anual de $8.149.521.000.000, equivalente a USD5.727 millones, derivada de concesiones tributarias dirigidas a grandes empresas y sectores privilegiados, que impactan directamente en la coparticipación, sin contrapartidas verificables en términos de inversión, empleo o desarrollo productivo”, señalaron.