En el Día de la Lucha por el Río Atuel, el gobernador Sergio Ziliotto interpuso un nuevo pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento inmediato de las sentencias que ordenan garantizar un caudal mínimo permanente hacia La Pampa.

La fecha, que se recuerda hoy, refiere el histórico telegrama enviado el 6 de agosto de 1947 por el radiotelegrafista Ángel Garay al entonces presidente Perón, mediante el cual denunció el corte del río Atuel por parte de Mendoza. A casi ocho décadas de aquel reclamo, La Pampa continúa sosteniendo la misma demanda: el derecho al agua y a la reparación de un daño ambiental que persiste.

En el escrito presentado ante el máximo tribunal, Ziliotto sostuvo que "a nueve años del primero de los fallos de la Corte Suprema de Justicia resulta inentendible su inacción para hacerlos cumplir, e inadmisible y sin fundamento cierto la negativa de Mendoza a cumplirlos".

La presentación judicial se apoya en las sentencias dictadas por la Corte en 2017 y 2020, en la Ley General del Ambiente, en el Acuerdo de Escazú y en las pruebas que demuestran la profundización de la regresión ambiental provocada por el uso unilateral del recurso hídrico por parte de Mendoza.

Uno de los aspectos centrales del nuevo planteo incorpora una reciente publicación periodística que refleja declaraciones de autoridades de Gestión Hídrica de Mendoza, quienes reconocen perspectivas favorables respecto de la disponibilidad de agua producto de las nevadas registradas este invierno.

Para La Pampa, esas manifestaciones constituyen una nueva evidencia de que el incumplimiento del caudal ordenado por la Corte no responde a una escasez hídrica sino a una decisión política de la Provincia vecina.

En ese sentido, el gobierno provincial remarcó que el paso del tiempo agrava las consecuencias sociales y ambientales sobre el oeste pampeano y que la demora en hacer cumplir las sentencias consolida daños ecológicos cuya reparación resulta cada vez más compleja.

El pronto despacho recuerda que la propia Corte ya resolvió la controversia mediante dos pronunciamientos de carácter definitivo. En 2017 reconoció la interjurisdiccionalidad del Atuel, declaró la existencia de un daño ambiental en el noroeste pampeano y ordenó avanzar en la fijación de un caudal apto para recomponer el ecosistema.

En 2020, ante la falta de acuerdo entre las provincias, el máximo tribunal fijó como meta interina de cumplimiento obligatorio un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial y dispuso la ejecución de obras y un sistema de monitoreo permanente. Sin embargo, seis años después de ese último fallo y nueve del primero, la obligación judicial continúa sin cumplirse.

La nueva presentación también incorpora documentación que, según La Pampa, acredita que la escasez de agua no obedece exclusivamente a factores climáticos sino al manejo que Mendoza realiza del recurso.

El escrito señala que dentro del expediente quedó demostrada la ineficiencia en la administración del agua, con prácticas sistemáticas de riego ineficiente, sobre riego y llenado indiscriminado de reservorios en áreas productivas.

Para el Gobierno pampeano, estos antecedentes refuerzan la necesidad de que la Corte Suprema adopte medidas urgentes para garantizar el efectivo cumplimiento de sus propias sentencias y detener una regresión ambiental y social que continúa afectando a generaciones de pampeanas y pampeanos.