Durante los primeros siete meses del año, ya se habían iniciado 153 Procedimientos preventivos de crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, es decir que se abrió un trámite por día hábil en promedio, según los datos difundidos por Ambito. En lo que va del gobierno de Javier Milei se cursaron al menos 448 solicitudes. 

El jueves pasado, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reveló que la destrucción neta de empresas se aceleró en mayo, con una baja de 2.371 unidades productivas, equivalente al 0,49% del total. Ya son más de 30.000 las empresas que se perdieron en los últimos tres años.

En el universo de firmas que subsisten también crece el número de las que atraviesan una situación de crisis. En los primeros siete meses de 2026 se iniciaron al menos 153 procedimientos preventivos. Los datos son oficiales y surgen de un pedido de acceso a la información pública realizado por Ámbito, que la Secretaría de Trabajo respondió parcialmente.

En lo que va del gobierno de Javier Milei ya se cursaron al menos 448 solicitudes. Fueron 131 en 2024, 164 en 2025 y, hasta el 23 de julio de este año, ya se habían cursado otras 153. La serie histórica anual sirve para poner en contexto la situación: en 2015 habían sido apenas 33; en 2016, 55; en 2017, 63; y recién se dispararon a 153 en 2018 y 184 en 2019. Es decir, los valores actuales se asemejan a los registrados durante la crisis cambiaria del gobierno de Mauricio Macri.

La comparación reciente muestra que en 2020 las solicitudes se habían desacelerado a 26, aunque se trataba de un contexto excepcional por la pandemia y las medidas paliativas que promovía el Estado. En 2021 fueron 24; en 2022, 43; y en 2023 se solicitaron 42 trámites de este tipo.

El Procedimiento Preventivo de Crisis es una instancia legal de mediación obligatoria que las empresas deben tramitar ante la Secretaría de Trabajo antes de ejecutar despidos o suspensiones masivas por razones económicas o de fuerza mayor. Se trata de un mecanismo que busca sentar a las cámaras empresarias, los sindicatos y el Estado en una misma mesa para negociar alternativas -como adelantos de vacaciones, reducción de jornadas o planes de retiro- que eviten la destrucción del empleo.