En medio del reclamo a Nación para que repare las rutas nacionales por el impacto que genera en la infraestructura vial pampeana, por el desvío de camiones, el gobierno provincial envió hoy a la Legislatura un proyecto de ley que habilitar el cobro de peaje en el régimen de Vialidad Provincia, estableciendo tres aspectos principales: el destino de los recursos, las excepciones al pago y el órgano de administración del cobro.

La recaudación del peaje, una vez deducidos los gastos operativos necesarios, será destinada en un 90% al Fondo Provincial Vial, por lo que, argumentó la Casa de Gobierno, "los recursos provenientes del derecho de peaje estarán directamente vinculados con la construcción, mantenimiento y reparación de la infraestructura vial provincial".

De esa forma, Ziliotto se diferencia del gobierno de Milei que percibe desde la asunción el cobro del impuesto a los combustibles pero no gira los recursos que debería como ordena la ley vigente para financiar la infraestructura vial nacional, cada vez más deteriorada en La Pampa y el resto del país.

Asimismo, se propone destinar el 10% restante a municipios y comisiones de fomento, conforme a criterios objetivos relacionados con la extensión de la red de caminos vecinales de cada jurisdicción, estableciendo una afectación específica para el mantenimiento de la infraestructura rural de sus respectivos ejidos.

Esta previsión reconoce que el sistema vial provincial constituye una red integrada y que los caminos rurales y vecinales cumplen una función esencial para la producción agropecuaria, el traslado de personas y bienes y la integración territorial.

El proyecto contempla un conjunto de excepciones: los vehículos radicados tributariamente en La Pampa, los vehículos de emergencia de organismos de seguridad, bomberos, salud pública y defensa civil, los vehículos oficiales afectados al cumplimiento de funciones públicas y al servicio público de transporte interurbano de pasajeros.

Con relación al resto de los vehículos no radicados en La Pampa, la obligación o exención de pago estará determinada según el impacto que su peso genera en la vida útil de la infraestructura vial.

La construcción, reparación y mantenimiento de las rutas y el control de cargas seguirá siendo responsabilidad exclusiva de la Dirección Provincial de Vialidad.

Para la administración del cobro de peaje, se propone la creación del “Fideicomiso Rutas Pampeanas”, cuyo Consejo Directivo integrarán únicamente directores de la Dirección Provincial de Vialidad, que no percibirán remuneración adicional alguna por esta nueva función.

Es necesario recordar que dicho Directorio está integrado por un Presidente y cinco Vocales, designados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Legislatura provincial. Representan al Poder Ejecutivo, a entidades profesionales y del sector productivo y al Sindicato Vial Provincial.

Está nueva estructura administrativa y operativa tendrá una dimensión mínima, en virtud de la proyectada incorporación de tecnologías, principalmente para el cobro remoto del peaje.

Estará bajo la órbita de “Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M.”, una estructura institucional ya existente, con experiencia en la administración de los fideicomisos vinculados a políticas públicas y, a su vez, integrada por la oposición legislativa y controlada por el Tribunal de Cuentas.

La elección de una entidad de participación estatal mayoritaria resulta especialmente relevante porque permite mantener la administración en el Estado Provincial, sin afectar el resultado con la ganancia de un operador privado.

A diferencia de un esquema de concesión, este régimen público propuesto destina la totalidad del excedente a la infraestructura vial.